Defensa corporativa y compliance penal para empresas y administradores

El compliance penal es el conjunto de políticas, controles y procedimientos internos que una empresa adopta para prevenir la comisión de delitos en su seno y, en caso de que estos lleguen a cometerse, poder acreditar que existía una organización diligente. El Código Penal contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que ha llevado a que contar con un modelo de prevención adecuado haya pasado de ser recomendable a convertirse en una necesidad para cualquier sociedad con cierto volumen de actividad.

La defensa corporativa, por su parte, entra en juego cuando ya existe una investigación, una denuncia o un procedimiento penal abierto que afecta a la sociedad, a sus administradores o a personas con funciones de dirección. En estos casos conviven dos planos que conviene distinguir con claridad: la posible responsabilidad penal de la persona jurídica y la responsabilidad individual de quienes tomaron las decisiones cuestionadas.

Ambas materias están estrechamente relacionadas: un modelo de compliance bien diseñado no solo reduce el riesgo de que se cometan ilícitos, sino que también constituye un elemento relevante de defensa si finalmente se abre un procedimiento. Trabajar estas dos vertientes de forma conjunta permite anticipar problemas y, cuando estos ya existen, articular una estrategia de defensa coherente con la organización real de la empresa.

No es necesario esperar a recibir una notificación judicial para plantearse esta materia. Hay momentos concretos en los que resulta especialmente aconsejable revisar la situación de la empresa:

• Antes de iniciar una relación con administraciones públicas, clientes internacionales o socios inversores que exigen acreditar un modelo de prevención.
• Cuando la empresa crece, se abre a nuevos mercados o incorpora nuevas líneas de negocio con riesgos distintos a los habituales.
• Al detectar indicios de irregularidades internas, como facturación anómala, conflictos de interés no declarados o posibles pagos indebidos.
• Cuando se recibe un requerimiento, citación o notificación relacionada con un procedimiento penal en curso.
• Tras un cambio relevante en el órgano de administración o en la estructura societaria.

En todos estos supuestos, un análisis temprano permite valorar el nivel de exposición real de la sociedad y de sus administradores, y decidir si procede reforzar los controles internos, revisar el programa existente o, en su caso, articular la defensa frente a un procedimiento ya abierto. Cuanto antes se produce esta valoración, mayor margen de actuación suele existir.

Nuestro trabajo en compliance penal y defensa corporativa se estructura en fases diferenciadas, adaptadas a si la empresa parte de una situación preventiva o ya se enfrenta a un procedimiento:

1. Diagnóstico inicial: revisión de la actividad, la estructura societaria y los controles internos existentes para identificar áreas de riesgo penal específicas del negocio.
2. Diseño o revisión del modelo: elaboración o actualización del programa de compliance penal, incluyendo canal de denuncias, protocolos internos y órgano de supervisión, adaptado al tamaño y actividad real de la empresa.
3. Formación e implantación: traslado del modelo a los equipos directivos y, cuando procede, formación específica para quienes ocupan puestos de mayor exposición.
4. Defensa en procedimiento: en caso de investigación o denuncia, asunción de la defensa de la sociedad y coordinación, cuando es posible, con la defensa individual de los administradores implicados.

Este enfoque permite que el asesoramiento no se limite a un documento genérico, sino que responda a la operativa real de cada empresa y pueda sostenerse frente a un eventual escrutinio judicial.

Sin entrar en casos concretos, hay escenarios que se repiten con frecuencia en la práctica de compliance penal y defensa corporativa:

• Investigaciones relacionadas con presunta administración desleal o apropiación indebida por parte de un antiguo directivo.
• Procedimientos derivados de irregularidades en la contratación con la administración pública.
• Denuncias vinculadas a delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social en el ámbito societario.
• Investigaciones sobre presuntos delitos medioambientales o de riesgos laborales derivados de la actividad de la empresa.
• Requerimientos de información en el marco de investigaciones a terceros (clientes, proveedores o socios) que afectan indirectamente a la sociedad.

En todos estos supuestos, la existencia previa de un programa de compliance adecuado —o su ausencia— suele condicionar de forma decisiva el desarrollo del procedimiento y las posibilidades de defensa de la persona jurídica.

En nuestra experiencia asesorando a empresas en esta materia, hay una serie de errores que se repiten con cierta frecuencia:

• Adoptar modelos de compliance genéricos, descargados de plantillas estándar, sin adaptarlos a los riesgos reales de la actividad de la empresa.
• Aprobar el programa pero no implantarlo realmente en el día a día: sin formación, sin canal de denuncias operativo o sin órgano de supervisión con funciones efectivas.
• Esperar a que se abra un procedimiento penal para empezar a documentar los controles internos, cuando esa documentación debería existir de forma previa y continuada.
• Confundir la defensa de la sociedad con la defensa individual de un administrador, sin valorar si existen conflictos de interés entre ambas.
• No revisar el modelo tras cambios relevantes en la estructura, la actividad o el equipo directivo de la empresa.

Detectar estos errores a tiempo, antes de que se conviertan en un problema en sede judicial, es una de las funciones principales del asesoramiento en compliance penal.