Contrato de agencia comercial

El contrato de agencia mercantil se rige por la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre el contrato de agencia, una norma que nació para transponer al ordenamiento español la Directiva 86/653/CEE del Consejo, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en materia de agentes comerciales independientes. Esa raíz comunitaria explica por qué el agente comercial disfruta de una protección reforzada que no encontramos en otras figuras intermediarias.

La Ley define al agente como un intermediario independiente que se obliga, de forma continuada o estable y a cambio de una remuneración, a promover operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlas y concluirlas por cuenta y en nombre del empresario. Tres notas son esenciales: la independencia (organiza su actividad y dispone de su tiempo, sin subordinación laboral), la estabilidad (no realiza encargos sueltos, sino que mantiene una relación duradera) y la actuación por cuenta ajena (el riesgo y el resultado de las operaciones son del empresario, no del agente, salvo que se pacte expresamente lo contrario).

Buena parte de las normas de la Ley 12/1992 son de derecho necesario: no pueden ser eliminadas por la voluntad de las partes en perjuicio del agente. Esto afecta de lleno a la indemnización por clientela, al preaviso y a los límites del pacto de no competencia. Por eso un contrato de agencia mal redactado no solo es ineficaz: puede generar contingencias económicas serias el día que la relación termina.

La remuneración del agente puede consistir en una cantidad fija, en una comisión variable sobre las operaciones, o en una combinación de ambas. Lo más frecuente es la comisión, es decir, un porcentaje sobre el volumen o el importe de los negocios promovidos. Si las partes no han pactado nada, la Ley 12/1992 remite a los usos del lugar donde el agente ejerza su actividad y, en su defecto, a una retribución razonable atendidas las circunstancias.

Los artículos 11 a 17 de la Ley 12/1992 regulan cuándo nace el derecho a la comisión, cómo se devenga y cuándo se paga. La comisión se devenga, por regla general, cuando el empresario ejecuta o debería haber ejecutado la operación, y se abona el último día del mes siguiente al trimestre en que se devengó, salvo pacto distinto. El agente tiene además derecho a una relación de las comisiones y a comprobar los datos que las justifican.

Un punto que conviene blindar es la comisión por operaciones posteriores a la extinción del contrato. El agente conserva su derecho a comisión sobre los negocios que se concluyan después de terminar la relación cuando esas operaciones se deban principalmente a su actividad durante la vigencia y se cierren en un plazo razonable desde la extinción. Sin una cláusula clara, este derecho es fuente habitual de litigios entre el agente saliente y el empresario.

La indemnización por clientela del artículo 28 es la institución estrella del contrato de agencia y la que más conflictos genera al terminar la relación. Cuando se extingue el contrato, el agente tiene derecho a una indemnización si ha aportado nuevos clientes al empresario o ha incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, siempre que esa actividad pueda seguir produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulte equitativo reconocer la indemnización atendidas las circunstancias, en especial las comisiones que el agente pierde y la eventual existencia de un pacto de no competencia.

El artículo 28.3 fija un tope: la indemnización no puede exceder del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años, o durante toda la duración del contrato si fue inferior a ese periodo. Es decir, el máximo legal es, en la práctica, una anualidad de comisiones.

Ejemplo numérico

Imaginemos un agente cuyas comisiones medias en los últimos cinco años han sido de 100.000 € anuales. Si concurren los requisitos del artículo 28 —ha aportado nuevos clientes o incrementado las operaciones, esos clientes seguirán beneficiando al empresario tras el cese y resulta equitativo compensarle—, podría reclamar una indemnización por clientela de hasta 100.000 €, esto es, una anualidad. El importe definitivo dependerá de la prueba y del juicio de equidad: el tope marca el máximo, no una cantidad automática.

Además, conviene no confundir esta figura con la indemnización por daños y perjuicios del artículo 29, que es distinta y acumulable. Procede cuando el empresario denuncia unilateralmente un contrato de duración indefinida sin respetar el preaviso, impidiendo al agente amortizar las inversiones que realizó por instrucción de aquel para la ejecución del contrato. Reclamar ambas, cuando proceden, marca la diferencia entre una liquidación justa y una pérdida silenciosa.