Contrato de franquicia

La franquicia es una de las formas más extendidas de crecer un negocio replicando un modelo de éxito sin asumir directamente toda la inversión. Jurídicamente, no es una simple cesión de marca ni un contrato de distribución más: combina tres elementos que deben darse de forma simultánea para que estemos ante una verdadera franquicia y no ante otra figura contractual.

Esos tres elementos son: la cesión de un saber hacer (know-how) propio, sustancial, secreto e identificado, transmitido por escrito; el uso de una marca o signos distintivos comunes a toda la red; y una asistencia técnica y comercial continuada del franquiciador durante toda la vigencia del contrato. A cambio, el franquiciado paga una contraprestación económica. Si falta alguno de estos elementos, lo que las partes han firmado podría no ser una franquicia, con las consecuencias que ello tiene para las obligaciones de cada uno.

El marco normativo en España es claro: el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, define la actividad comercial en régimen de franquicia y remite a un desarrollo reglamentario. Ese desarrollo es el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, que regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro.

Sobre el Registro de Franquiciadores conviene ser prudente. Durante años existió un deber de inscripción previa para poder operar como franquiciador, pero ese régimen ha cambiado con el tiempo: la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas («Crea y Crece») modificó y suprimió esa obligación de registro previo como requisito para empezar a franquiciar. Por tanto, hoy no puede afirmarse sin más que inscribirse antes de operar sea obligatorio. Lo que sí permanece plenamente vigente es la obligación de información precontractual (el DIP), que explicamos más abajo. Antes de lanzar una red conviene confirmar el régimen exacto aplicable a tu caso.

El DIP es la pieza más característica y, a la vez, la más incumplida del derecho de la franquicia. La ley impone al franquiciador la obligación de entregar por escrito al futuro franquiciado la información esencial sobre la franquicia antes de que se comprometa: con una antelación mínima de veinte días hábiles respecto a la firma del contrato o del precontrato, o a la entrega por el franquiciado de cualquier pago al franquiciador. Esta exigencia se recoge en el artículo 62.3 de la Ley 7/1996 y se desarrolla en el Real Decreto 201/2010.

El objetivo es que quien va a invertir sus ahorros en abrir un negocio pueda decidir con conocimiento de causa. Por eso el DIP debe contener, como mínimo:

• Datos identificativos del franquiciador: denominación, domicilio, datos de inscripción y, en su caso, titularidad de la marca cedida y acreditación de su uso.
• Descripción del negocio objeto de la franquicia y experiencia de la empresa franquiciadora en su explotación.
• Estructura y extensión de la red: número de establecimientos, propios y franquiciados, ubicación y, en su caso, franquiciados que han dejado de pertenecer a la red.
• Elementos esenciales del contrato de franquicia: derechos y obligaciones de las partes, duración, condiciones económicas, exclusividad y causas de terminación.

Entregar el DIP no es un mero trámite: es la garantía del consentimiento informado del franquiciado. Su omisión, su entrega fuera de plazo o con datos falsos o incompletos puede abrir la puerta a la nulidad o anulabilidad del contrato por vicio del consentimiento y a la restitución de lo pagado. Por eso recomendamos al franquiciador documentar siempre la entrega (fecha y contenido) y al franquiciado conservar copia de lo recibido.

Toda franquicia termina algún día, y el contrato debe prever cómo. Conviene distinguir entre la terminación ordinaria por cumplimiento del plazo o por no renovación, y la resolución anticipada por incumplimiento de una de las partes. Entre las causas habituales de resolución figuran el impago de royalties, el uso indebido o la divulgación del know-how, el incumplimiento de los estándares de la marca, la cesión no autorizada del negocio o la insolvencia de cualquiera de las partes.

El contrato debe regular también los efectos de la terminación: cese inmediato del uso de la marca y de los signos distintivos, devolución o destrucción de los manuales operativos, liquidación de las cantidades pendientes y, en su caso, suerte de las existencias y del local.

Capítulo aparte merece la no competencia post-contractual. Es válido pactar que el franquiciado no compita con la red durante un tiempo tras la extinción, pero esa cláusula tiene límites: debe ceñirse a la actividad objeto de la franquicia, limitarse al territorio del local explotado y a un plazo razonable —habitualmente un año— y estar justificada por la necesidad de proteger el know-how transmitido. Una prohibición desproporcionada en objeto, ámbito o duración puede declararse nula por contraria a las normas de competencia. El equilibrio entre proteger la red y no asfixiar al franquiciado se juega precisamente aquí.