Impugnación de acuerdos sociales.

Según el artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg 1/2010), son impugnables los acuerdos sociales contrarios a la ley, a los estatutos, al reglamento de junta o lesivos del interés social (incluidos los que, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se imponen en beneficio de uno o varios socios con perjuicio injustificado para los demás — el clásico abuso de mayoría).

Ejemplos típicos que llegan al despacho

• Retención sistemática de dividendos pese a existir beneficios distribuibles.
• Retribución desproporcionada de administradores que son socios mayoritarios.
• Ampliaciones de capital dilutivas con prima baja dirigidas a reducir al minoritario.
• Operaciones vinculadas entre la sociedad y el socio mayoritario sin condiciones de mercado.
• Modificaciones estatutarias que limitan derechos del socio minoritario.
• Denegación de información sobre la marcha de la sociedad.
• Exclusión improcedente del socio por supuesto incumplimiento.
• Acuerdos adoptados en junta no convocada correctamente o con infracciones procedimentales graves.

• 1 año desde que el acuerdo sea adoptado o desde su inscripción registral para la impugnación general (art. 205 LSC).
• Imprescriptible — acuerdos contrarios al orden público.
• 4 años para la acción social de responsabilidad (art. 241 bis LSC) desde que la acción pudo ejercitarse.
• 1 mes desde el acta de la junta para notificar el ejercicio del derecho de separación (art. 348 bis).

La caducidad de los plazos de impugnación es insalvable. Por eso la recomendación es siempre la misma: si sospechas de un abuso, contacta con un abogado antes de dejar pasar los días. Una mañana puede marcar la diferencia entre tener acción o no tenerla.